Eugenio Anguiano
Resulta difícil, por lo menos para quien esto escribe, abordar temas como el de la creciente inseguridad en nuestro país y el de la impunidad con la que en los últimos años opera el llamado crimen organizado.
La memoria es flaca cuando se trata de malos recuerdos: los miles de asesinatos que se cometen cada año en México, incluidos los homicidios casi nunca aclarados de mujeres y las denominadas ejecuciones del narcotráfico, quedan arrumbados en los espacios de la nota roja. Solamente cuando ocurren campañas mediáticas específicas, vinculadas con esfuerzos globales por analizar azotes de la sociedad, como la violencia de género, en los medios aparecen cifras y análisis de especialistas que nos permiten vislumbrar la magnitud de la delincuencia en México.
Si se quiere escribir sobre otros fenómenos sociales o económicos es relativamente más fácil localizar fuentes de información, por ejemplo internet, pero en cuanto al crimen organizado es más complicado tratar de apoyarse en elementos cuantitativos y cualitativos sólidos. Seguramente los expertos en la materia saben dónde encontrar la información que les concierne, pero mi impresión es que estamos muy lejos de tener un sistema de recopilación y procesamiento de información nacional, bien estructurado, confiable y sencillo de consultar sobre esta truculenta materia, y al que el público tenga acceso en todo momento. Todo esto viene a propósito de la noticia divulgada el viernes pasado por la “sala de prensa” de la Presidencia de la República, que se encuentra en www.presidencia.gob.mx/prensa, relativa al discurso del presidente Felipe Calderón en Xochiltepec, Morelos, para presentar —figurativamente, porque el documento todavía no estaba en el portal de Los Pinos al momento de revisar estas líneas (martes 4 de diciembre)— el Programa de Seguridad, Gobernabilidad y Política Exterior. A reserva de lo que contenga el texto completo de dicho programa, menciono que, a juzgar por el discurso del señor Calderón, su gobierno pretende seguir una estrategia basada en una “ofensiva de Estado” (la llamó también “guerra frontal”) contra las organizaciones criminales y, simultáneamente, una “serie de medidas de naturaleza preventiva con las que estamos (tiempo presente) atacando desde la raíz el problema de la inseguridad”. Dos citas de un texto cuajado de aseveraciones que, ante el asesinato a la luz del día y en calles céntricas de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, de uno de sus ex alcaldes y cinco personas más, pierden fuerza cuando se ponen en el contexto actual de la realidad mexicana. Sobre todo aquellas frases en las que se afirma que se ha dado solución a algunos aspectos del grave problema de la inseguridad. Desde luego es positivo que el Poder Ejecutivo reconozca la vinculación entre la seguridad pública y la gobernabilidad del propio país. Como puede observarse en el encabezado de la noticia oficial sobre el discurso del Presidente de la República y en el nombre del nuevo programa, sin la existencia de algo cercano a la seguridad nacional no hay capacidad alguna de gobernar. Quisiera yo poder recibir con optimismo discursos y anuncios de programas de gobierno como los comentados, sobre todo cuando el primer mandatario (el primero en importancia en recibir un mandato del pueblo) reconoce su posición y hace alusión al cínico (por impune) último hecho de sangre, atribuido por la vox populi a Los Zetas (¿quiénes y cuántos son en realidad?); pero la ola de crímenes que nos azota en todas partes, a todas horas y con medios cada vez más poderosos, impide toda posibilidad de creer que “ahora sí”, va a actuarse con toda la fuerza del Estado para acabar con el crimen organizado (el crimen desorganizado es quizá más complejo, y probablemente un mal permanente). Y es aquí donde vuelve a colación la cuestión de la memoria y la información disponible. ¿Cuál es realmente la tendencia en materia de atentados y hechos de sangre perpetrados por el crimen organizado? ¿Es cierto lo que el presidente Calderón denunció en el discurso comentado, que los traficantes corrompen los procesos electorales municipales? ¿Ocurre eso únicamente en Tamaulipas, como lo denunciara Juan Antonio Guajardo Anzaldúa en carta al propio gobernador de esa entidad federativa, lo que llevó a su asesinato anunciado con anticipación por sus verdugos? ¿No ha habido intentos similares por parte de narcotraficantes en Yucatán, Quintana Roo y Michoacán, como lo señala la prensa escrita en estos días? “Conocer un problema a fondo es el primer paso para su solución”, dice un viejo adagio que cito de memoria. Ojalá que el programa sobre “seguridad, gobernabilidad y política exterior” contenga un impecable diagnóstico de la magnitud del problema, y aclare, más allá de buenos deseos, qué medidas efectivas implantará el Estado en la “guerra frontal” contra el crimen organizado.
Fuente:eluniversal.com.mx - 5 de diciembre de 2007
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